En América Latina, los derechos humanos emergieron en el debate público a fines de los años setenta, asociados a las experiencias de Terrorismo de Estado en el marco de las dictaduras y gobiernos autoritarios de países como Brasil, Uruguay, Argentina, Perú y Chile. En este contexto, militares, paramilitares y agentes del Estado cometieron actos que transgredieron los derechos humanos de miles de personas, tales como detención arbitraria, prisión política, ejecuciones políticas, desapariciones, tortura y el exilio. En este contexto, desde la sociedad civil se comenzó a denunciar las violaciones a los derechos humanos, concepto que para la psicóloga argentina Elizabeth Jelin significó «una verdadera revolución paradigmática”[6] , pues demostraba que a nivel de la ciudadanía existía una noción de que los seres humanos poseían derechos inalienables: los Derechos Humanos dejaban de ser un asunto únicamente de expertos o legisladores, y pasaba a formar parte de las luchas sociales de la ciudadanía.

Justamente, fueron las agrupaciones de familiares de víctimas de violencia política (detenidos desaparecidos, ejecutados y presos políticos), comunidades religiosas, organizaciones no gubernamentales e intelectuales quienes encabezaron la lucha por los derechos humanos, llegando a constituirse como un verdadero movimiento por los derechos humanos y la democracia. Para el filósofo chileno Pablo Salvat, este momento representó una doble «emergencia de los derechos humanos», pues al mismo tiempo que entraron en crisis, emergieron al escenario público. De esta forma, «en torno a los derechos humanos se fue articulando la diversidad política y social excluida del proyecto autoritario. Esta unidad se dio no sólo en función de su reivindicación negada, sino también, en función de levantar una suerte de proyecto de sociedad a partir del ideario mismo de los derechos humanos»[7]. En este marco, comenzó a desarrollarse una gran producción cultural en materia de derechos humanos, que incluyó la publicación de muchos trabajos, la formación de organismos no gubernamentales, iniciativas de educación popular y movimientos de lucha por la defensa de los derechos de detenidos políticos, mujeres, niños y jóvenes e indígenas. Cabe destacar que, pese a la gran pujanza social, tanto los derechos humanos como la educación en derechos humanos eran temas críticos, que no podían ser tratados con total libertad por las personas, pues tal como señala Abraham Magendzo «hablar de este tema no solo era muy peligroso, sino que además los espacios de interlocución eran muy escasos. Había temores reales”[8].

La lucha social por los derechos humanos tuvo características propias en cada país que se enfatizaron durante el retorno a las democracias: mientras en algunos países como Argentina, el énfasis estuvo puesto en la aplicación de justicia frente a las violaciones a los derechos humanos, en otros, como Chile, estuvo puesto en los procesos de reconciliación nacional[9]. De este modo, la llegada al poder de gobiernos democráticos implicó el desarrollo de reformas que tuvieron un impacto directo en materia de derechos humanos. Una de las iniciativas simultáneas más relevantes fue la formación de Comisiones de Verdad en países como Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Su función era investigar las situaciones de violación de los derechos humanos, proponer medidas reparatorias y políticas públicas de restitución del Estado de derecho y el respeto a la dignidad humana. El «rasgo común de los informes de las comisiones de la verdad fue que diferenciaron el presente del pasado, imaginaron a la memoria y la democracia como formas de evitar la reiteración de la violencia política, acortaron la distancia entre las víctimas de las dictaduras y la ciudadanía y tornaron visibles los crímenes en sociedades renuentes a admitir los hechos»[10]. Salvo en el caso de Argentina, en la mayoría de los casos se planteó que los resultados de los Informes eran independientes de los procesos de justicia contra los responsables y autores de estos actos.

 Además, las versiones oficiales sobre la historia reciente de violaciones a los derechos humanos no fueron unívocas. En este contexto ocurrió un proceso que la historiadora chilena María Angélica Illanes ha llamado «batallas de la memoria», en que distintos actores sociales disputan entre sí por la construcción del pasado, asumiendo que este tiene una dimensión subjetiva, asumiendo que el pasado no solo son los hechos que efectivamente ocurrieron, sino también la manera en que son recordados[11]. ¿Por qué las democracias entraron en crisis?, ¿las violaciones de los derechos humanos fueron parte de una acción planificada del Estado, de los excesos individuales de los agentes del Estado, o de las relaciones de poder de toda la sociedad?, ¿de qué sirvió la intervención de los militares?, ¿salvaron la nación o la destrozaron?, ¿como sociedad debemos hablar o no hablar sobre las violaciones a los derechos humanos?, ¿o es mejor olvidar?… Estas preguntas -profundas y complejas, cada una de ellas- ejemplifican algunos de los conflictos o tensiones sobre la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos que aparecieron en las sociedades latinoamericanas en las últimas décadas, y persisten en la actualidad. Esta discusión permite comprender el enorme desafío que enfrentaron las sociedad latinoamericanas al volver a la democracia: la necesidad de revisar su pasado, reconocer las experiencias de violación a los derechos humanos sufridas por una parte de la sociedad y construir explicaciones que se ajustaran a la verdad, la justicia y el respeto por la dignidad humana[12].

Este proceso ha estado acompañado por una serie de políticas de memoria, tales como la creación de museos, monumentos, archivos y sitios de conciencia o memoria. Como destaca Emilio Crenzel, «estos sitios han implicado la creación de archivos orales y documentales, el desarrollo de tareas de investigación que involucran el examen de los perfiles que asumió la represión a escala nacional y local, la identificación de sitios de la represión no descubiertos, la restauración de sitios identificados, la recopilación de informes sobre las víctimas y los perpetradores y la transmisión de la memoria en base a diversos proyectos educativos, académicos y artísticos»[13]. Este proceso ha sido muy complejo, debido a los distintos puntos de vista y posiciones que han asumido los familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado, en relación a aspectos como los contenidos de los relatos de los museos y sitios de memoria, la periodización histórica utilizada, la legitimidad de las personas para construir estos relatos, la manera en que se presenta a los victimarios, la responsabilidad de la sociedad civil o la representación estética de las violaciones, entre otros aspectos.

En este sentido, la reciente creación de organismos como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de los Derechos Humanos que realizan una importante labor de promoción y defensa de los DDHH, ha ampliado el impacto de las políticas públicas de EDH desde el Estado, tanto al involucrar a más personas, como por la realización de acciones educativas más allá del sistema de educación formal. Además, se debe considerar la creciente formación de organizaciones de la sociedad civil que han asumido el desarrollo de políticas de memoria y promoción de los DDHH, como la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Londres 38, espacio de memorias o Casa Memoria José Domingo Cañas.

 Por último, la reciente creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la consiguiente creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, así como la futura formulación de un Plan Nacional de Derechos Humanos, permiten vislumbrar el próximo desarrollo de iniciativas públicas más amplias en materia de DDHH.

En América Latina, los derechos humanos emergieron en el debate público a fines de los años setenta, asociados a las experiencias de Terrorismo de Estado en el marco de las dictaduras y gobiernos autoritarios de países como Brasil, Uruguay, Argentina, Perú y Chile. En este contexto, militares, paramilitares y agentes del Estado cometieron actos que transgredieron los derechos humanos de miles de personas, tales como detención arbitraria, prisión política, ejecuciones políticas, desapariciones, tortura y el exilio. En este contexto, desde la sociedad civil se comenzó a denunciar las violaciones a los derechos humanos, concepto que para la psicóloga argentina Elizabeth Jelin significó «una verdadera revolución paradigmática”[6] , pues demostraba que a nivel de la ciudadanía existía una noción de que los seres humanos poseían derechos inalienables: los Derechos Humanos dejaban de ser un asunto únicamente de expertos o legisladores, y pasaba a formar parte de las luchas sociales de la ciudadanía.

Justamente, fueron las agrupaciones de familiares de víctimas de violencia política (detenidos desaparecidos, ejecutados y presos políticos), comunidades religiosas, organizaciones no gubernamentales e intelectuales quienes encabezaron la lucha por los derechos humanos, llegando a constituirse como un verdadero movimiento por los derechos humanos y la democracia. Para el filósofo chileno Pablo Salvat, este momento representó una doble «emergencia de los derechos humanos», pues al mismo tiempo que entraron en crisis, emergieron al escenario público. De esta forma, «en torno a los derechos humanos se fue articulando la diversidad política y social excluida del proyecto autoritario. Esta unidad se dio no sólo en función de su reivindicación negada, sino también, en función de levantar una suerte de proyecto de sociedad a partir del ideario mismo de los derechos humanos»[7]. En este marco, comenzó a desarrollarse una gran producción cultural en materia de derechos humanos, que incluyó la publicación de muchos trabajos, la formación de organismos no gubernamentales, iniciativas de educación popular y movimientos de lucha por la defensa de los derechos de detenidos políticos, mujeres, niños y jóvenes e indígenas. Cabe destacar que, pese a la gran pujanza social, tanto los derechos humanos como la educación en derechos humanos eran temas críticos, que no podían ser tratados con total libertad por las personas, pues tal como señala Abraham Magendzo «hablar de este tema no solo era muy peligroso, sino que además los espacios de interlocución eran muy escasos. Había temores reales”[8].

La lucha social por los derechos humanos tuvo características propias en cada país que se enfatizaron durante el retorno a las democracias: mientras en algunos países como Argentina, el énfasis estuvo puesto en la aplicación de justicia frente a las violaciones a los derechos humanos, en otros, como Chile, estuvo puesto en los procesos de reconciliación nacional[9]. De este modo, la llegada al poder de gobiernos democráticos implicó el desarrollo de reformas que tuvieron un impacto directo en materia de derechos humanos. Una de las iniciativas simultáneas más relevantes fue la formación de Comisiones de Verdad en países como Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Su función era investigar las situaciones de violación de los derechos humanos, proponer medidas reparatorias y políticas públicas de restitución del Estado de derecho y el respeto a la dignidad humana. El «rasgo común de los informes de las comisiones de la verdad fue que diferenciaron el presente del pasado, imaginaron a la memoria y la democracia como formas de evitar la reiteración de la violencia política, acortaron la distancia entre las víctimas de las dictaduras y la ciudadanía y tornaron visibles los crímenes en sociedades renuentes a admitir los hechos»[10]. Salvo en el caso de Argentina, en la mayoría de los casos se planteó que los resultados de los Informes eran independientes de los procesos de justicia contra los responsables y autores de estos actos.

 Además, las versiones oficiales sobre la historia reciente de violaciones a los derechos humanos no fueron unívocas. En este contexto ocurrió un proceso que la historiadora chilena María Angélica Illanes ha llamado «batallas de la memoria», en que distintos actores sociales disputan entre sí por la construcción del pasado, asumiendo que este tiene una dimensión subjetiva, asumiendo que el pasado no solo son los hechos que efectivamente ocurrieron, sino también la manera en que son recordados[11]. ¿Por qué las democracias entraron en crisis?, ¿las violaciones de los derechos humanos fueron parte de una acción planificada del Estado, de los excesos individuales de los agentes del Estado, o de las relaciones de poder de toda la sociedad?, ¿de qué sirvió la intervención de los militares?, ¿salvaron la nación o la destrozaron?, ¿como sociedad debemos hablar o no hablar sobre las violaciones a los derechos humanos?, ¿o es mejor olvidar?… Estas preguntas -profundas y complejas, cada una de ellas- ejemplifican algunos de los conflictos o tensiones sobre la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos que aparecieron en las sociedades latinoamericanas en las últimas décadas, y persisten en la actualidad. Esta discusión permite comprender el enorme desafío que enfrentaron las sociedad latinoamericanas al volver a la democracia: la necesidad de revisar su pasado, reconocer las experiencias de violación a los derechos humanos sufridas por una parte de la sociedad y construir explicaciones que se ajustaran a la verdad, la justicia y el respeto por la dignidad humana[12].

Este proceso ha estado acompañado por una serie de políticas de memoria, tales como la creación de museos, monumentos, archivos y sitios de conciencia o memoria. Como destaca Emilio Crenzel, «estos sitios han implicado la creación de archivos orales y documentales, el desarrollo de tareas de investigación que involucran el examen de los perfiles que asumió la represión a escala nacional y local, la identificación de sitios de la represión no descubiertos, la restauración de sitios identificados, la recopilación de informes sobre las víctimas y los perpetradores y la transmisión de la memoria en base a diversos proyectos educativos, académicos y artísticos»[13]. Este proceso ha sido muy complejo, debido a los distintos puntos de vista y posiciones que han asumido los familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado, en relación a aspectos como los contenidos de los relatos de los museos y sitios de memoria, la periodización histórica utilizada, la legitimidad de las personas para construir estos relatos, la manera en que se presenta a los victimarios, la responsabilidad de la sociedad civil o la representación estética de las violaciones, entre otros aspectos.

En este sentido, la reciente creación de organismos como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de los Derechos Humanos que realizan una importante labor de promoción y defensa de los DDHH, ha ampliado el impacto de las políticas públicas de EDH desde el Estado, tanto al involucrar a más personas, como por la realización de acciones educativas más allá del sistema de educación formal. Además, se debe considerar la creciente formación de organizaciones de la sociedad civil que han asumido el desarrollo de políticas de memoria y promoción de los DDHH, como la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Londres 38, espacio de memorias o Casa Memoria José Domingo Cañas.

 Por último, la reciente creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la consiguiente creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, así como la futura formulación de un Plan Nacional de Derechos Humanos, permiten vislumbrar el próximo desarrollo de iniciativas públicas más amplias en materia de DDHH.

6) Elizabeth Jelin. (2003). Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: la construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales, Cuadernos del IDES, 2, Instituto de Desarrollo Económico y Social, pp. 5-6.

7) Pablo Salvat. (2005). “Derechos humanos”, en Ricardo Salas. (Coord.). Pensamiento crítico latinoamericano. Conceptos fundamentales. Santiago, Chile: Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez, pp. 137.

 8) Abraham Magendzo. (2006). Educación en derechos humanos. Un desafío para los docentes de hoy. Santiago, Chile: LOM, p.11. También ver  Jorge Osorio. “La educación de los derechos humanos en Chile durante los noventa”, Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos , 29, (enero-junio 1999).

9) Alain Touraine (2004) “¿Qué recordar y para qué recordar” (pp. 25-34). En Zerán, F., Garretón, M., Campos, S., Garretón, C. Encuentros con la memoria: Archivos y debates de memoria y futuro. Santiago, Chile: Lom Ediciones.

10) Emilio Crenzel, "Movimiento de Derechos Humanos en América Latina y políticas de memoria", en Ximena Erazo, Gloria Ramírez, Marcia Scantlebury (Editoras). (2011). Derechos Humanos: Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales. Santiago, Chile: Lom Ediciones, p. 63.

11) María Angélica Illanes. (2002). La batalla de la memoria: Ensayos históricos de nuestro Chile. 1900-2000. Santiago, Chile: Planeta.

12) Para profundizar en este debate ver Steve J. Stern. (2009). Recordando el Chile de Pinochet. En vísperas de Londres 1998. Libro uno de la trilogía La caja de la memoria del Chile de Pinochet. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales y Aldo Marchesi, Federico Lorenz, Peter Winn, Steve J. Stern. (2014). No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur. Santiago, Chile: Lom Ediciones.

13) Emilio Crenzel, "Movimiento de Derechos Humanos en América Latina y políticas de memoria", en Ximena Erazo, Gloria Ramírez, Marcia Scantlebury (Editoras). (2011). Derechos Humanos: Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales. Santiago, Chile: Lom Ediciones, p. 66.